EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO 14 JUN 2019 – 12:31 CEST

El acuerdo entre Vox y el Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) para desbloquear los presupuestos incluye un teléfono de atención «a las víctimas de la violencia intrafamiliar». En el programa de Vox para las elecciones generales, el partido proponía «una ley de violencia intrafamiliar» que sustituyese a la actual Ley de Violencia de Género. Una ley, dice Vox, «que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños».

Pero la violencia de género y la violencia intrafamiliar no son lo mismo. «La violencia de género es la que el hombre ejerce contra la mujer por el hecho de ser mujer. La violencia familiar, o intrafamiliar como dice Vox, es la que se da entre miembros de la familia, sea cual sea el miembro. De padres a hijos, de madres a hijos, de abuelas a nietos… Tiene una naturaleza distinta», explica Paz Lloria, codirectora del Máster en Derecho y Violencia de Género en la Universidad de Valencia.

Lloria cree que Vox introduce el término violencia intrafamiliar “para obviar la causa de la violencia de género, que es la desigualdad. Si ellos convencen de que la violencia de género es como cualquier otro tipo de violencia, se desdibuja lo que nos ha costado conseguir que se entienda: que la razón de la violencia es la desigualdad y la atribución de roles”. “Si se quiere negar la desigualdad y el componente de género de la violencia es porque hay votos en un yacimiento machista”, comenta María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Sin embargo, la mayoría de los partidos sí hablan de violencia de género y ponen ahí el foco. Isabel Muntané, codirectora del Máster en Género y Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona, cree que el mérito en este avance social corresponde al movimiento feminista: “Cuando se consiguió hacer ver que no era una violencia del ámbito privado, se dejó de llamar violencia conyugal y doméstica. Al hacer entender que es un tema social, conseguimos instaurar el término de violencia de género y machista. A través del lenguaje se ha conseguido cambiar la sociedad y la concepción de este problema”. Según ha avanzado la conciencia de que esta violencia es un problema social y no solo privado, el lenguaje también ha ido cambiando. Al igual que las leyes y las penas.

No había conciencia de género

Según el Código Penal de la dictadura franquista y hasta 1989, no había diferencias entre la violencia del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre. Cualquier asesinato dentro de la familia, lo cometiera el hombre o la mujer, se denominaba parricidio. Y daba igual si era de marido a mujer o de hijos o padres: lo importante era el nexo familiar. Estaba penado con pena de reclusión mayor o muerte -hasta 1978, con la abolición de la pena capital-.

«Los maridos que maltrataren a sus mujeres aun cuando no las causaren lesiones» eran castigados a penas de cinco a quince días de arresto menor, siempre y cuando esas lesiones «no impidan al ofendido dedicarse a sus trabajos habituales, ni exijan asistencia facultativa», indicaba el Código Penal. La pena era la misma si la agresora era la mujer a otro miembro de la familia: no se tenía en cuenta el factor de género. “Hasta ese momento, tolerábamos un cachete del padre de familia como forma de corrección, tanto para los niños como para las mujeres. Por eso si una mujer acudía a la Guardia Civil, era habitual que se pensara algo habrás hecho”, añade Lloria.

La reforma del Código Penal de 1989 introduce el concepto de malos tratos. “Dentro del ámbito familiar, lo que se exceda de ese derecho a corregir y sea habitual, se considera maltrato. Esta novedad llega con el cambio en el Código Penal”, explica Lloria. Hasta entonces, no había diferencia en la consideración o la pena de este tipo de violencia y las lesiones leves cometidas fuera del ámbito familiar. Con este cambio, los golpes a un familiar (siempre que fueran habituales) se castigaban más que los ejercidos contra otra persona. Sin embargo, seguía sin haber una distinción especial para la violencia ejercida por el hombre contra la mujer.

Sin esa distinción, estas violencias recibían denominaciones que incidían en el carácter privado de las agresiones: violencia conyugal, doméstica, familiar… En los años 90, podemos encontrar todas estas acepciones en artículos periodísticos, pero no en textos legislativos.

El término “violencia de género” se empezó a usar en 1995, como adaptación al castellano del inglés “gender violence”. Se popularizó en el Congreso sobre la Mujer de 1995. Tardó muchos años en instalarse en España, como prueba la cobertura periodística del asesinato de Ana Orantes en 1997. Fue el caso que cambió la visión de este tipo de violencia en España.

El asesino fue catalogado como parricida en varias crónicas. Y se habló, principalmente, de violencia conyugal y de violencia doméstica, como recoge este estudio de Diana Fernández Romero, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos especializada en violencia de género. Diez años después del asesinato de Orantes, en 2007, Fernández señalaba que los medios apenas “hablan ya de parricidio, violencia doméstica, conyugal o familiar, y muchos de violencia de género, sexista o machista”. En este cambio tuvo mucho que ver la Ley de medidas de protección integral contra la Violencia de género aprobada en 2004.

Violencia de género y violencia machista

“Hasta 2004, la pena era la misma fuera quien fuera quien ejerciera la violencia. No se diferenciaba si el agresor era hombre o mujer”, explica Lloria. Esta norma, obra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, introduce por primera vez la perspectiva de género en la legislación española.

El propio nombre de la ley generó mucho debate. La Real Academia de la Lengua recomendó que la norma se llamase «Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo”. Entonces, la RAE indicó que, según sus datos, las formas más comunes de referirse a este fenómeno eran violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia familiar y violencia contra las mujeres.

El Gobierno acabó apostando por violencia de género, que definía así en la ley: “Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. Por primera vez, la violencia contra la mujer tenía una categoría y una pena especial, reconociendo la dimensión del problema.

Sin embargo, este concepto aún dejaba fuera algunos tipos de violencia. La violencia de género es la ejercida por hombres que mantienen una relación afectiva con la víctima. ¿Y la violencia de hombres contra mujeres que no conocen o con las que no mantienen relaciones afectivas? Para ese tipo de violencia, en las que también se da una situación de desigualdad, existe el término violencia machista. O violencias machistas. “Se suele decir en plural para mostrar la cantidad de ejemplos existentes: las que se dan en la calle, en el trabajo, las cotidianas del día a día…”, explica Muntané.

Violencia machista es un concepto que está aceptado a nivel social o mediático, pero de momento no está recogido en las leyes. Es un término que se ha ido adaptando para incidir en que la violencia no es solo una cuestión afectiva o privada. Precisamente el matiz que excluyen conceptos como violencia intrafamiliar, el utilizado por Vox en varias ocasiones.

Otro término, mucho menos extendido, es el de terrorismo machista. Se usa al menos desde 2001, cuando el ex delegado de Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente hablaba de “terrorismo de género” en su libro de Mi marido me pega lo normal. “Por entonces, asociaciones de mujeres ya utilizaban el término terrorismo para llamar la atención sobre la gravedad de estos asesinatos”, cuenta Lorente en este artículo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de «terrorismo machista» en una de sus primeras entrevistas en el cargo.

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