VALÈNCIA, 30 Sep 2018. (EUROPA PRESS) –

Expertas creen que una mayor coordinación y formación son las claves para mejorar la detección de casos y la atención a las víctimas de la violencia de género. Las especialistas constatan que existen «problemas de comunicación» entre los diversos agentes implicados –policial, judicial etc.–, así como una necesidad de implicar en los protocolos de actuación a profesionales formados y con «sensibilidad» para trabajar con las personas que sufren este tipo de situaciones.

En una semana trágica –han sido asesinadas tres mujeres en Maracena (Granada), Bilbao y Torrox (Málaga) y dos niñas en Castellón–, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha anunciado que ha iniciado una actuación de oficio por el asesinato de las dos menores presuntamente a manos de su padre para disponer de la información sobre la existencia de denuncia previa, si hubo orden de alejamiento de las menores y si existió una valoración del riesgo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en su caso, a quién se comunicó.

La fiscal especializada en Violencia de Género de Valencia, Susana Gisbert, explica a Europa Press que en el caso de Castellón no se ha valorado «bien el riesgo». Esto ocurre, entre otros motivos, porque lo más habitual es que las denuncias por violencia de género se sustenten únicamente en el testimonio de la víctima, dado que suelen ser delitos cometidos en la intimidad y sin más pruebas. Además, se suele evaluar «con urgencia y en condiciones que no siempre son las óptimas».

Por ejemplo, como ocurre en Castellón, en muchos partidos judiciales, los juzgados especializados en violencia de género únicamente atienden en horario de oficinas y, si la víctima acude fuera de estas horas, es atendida por un juzgado de guardia no especializado. «Un informe de valoración de riesgo hecho con un test en un juzgado de guardia es un elemento más, pero con un equipo que evaluara a la víctima estaríamos mucho más preparados para saber que un caso es de mucho riesgo», detalla.

La también portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia sostiene que fallan los sistemas de evaluación de posibles casos de violencia de género y, en concreto, señala un precepto que permite que las víctimas se acojan a su derecho a no declarar si el autor de los hechos es su pareja, su hijo o su padre. «Esto hace que las mujeres sepan que pueden echarse atrás y en muchas ocasiones tienen una gran dependencia psicológica o económica», indica Gisbert.

La fiscal argumenta que «el derecho penal no siempre es la respuesta, o la única respuesta», por lo que, pese a que «se pone el foco en los juzgados», se debe buscar el apoyo «en otras vías», como la educación, asistencia a las víctimas, mayor especialización en la judicatura –sobre lo que detecta «reticencias»– o enseñar desde pequeños que «la desigualdad y el machismo es la base de la violencia de género». «Los juzgados de violencia gestionamos el fracaso», sentencia la portavoz de la Fiscalía.

Por su parte, la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia y licenciada en Psicología Rosa Roig señala que la principal medida que debe adoptarse es «concienciar a jueces, fiscales y demás operadores jurídicos, además de a los responsables políticos, de la importancia de la información que se maneja en la administración de justicia para adecuar no solo la respuesta judicial al problema de la violencia de género, sino también la respuesta social e incluso sanitaria».

UNIDADES DE VALORACIÓN FORENSE INTEGRAL

Roig ha abogado por que las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) no sirvan solo para «cumplimentar un expediente judicial que dé respuesta a una verdad formal sobre la cuestión, sino para objetivar una realidad médica, psicológica y social que ayude a la sociedad en general a procurar una respuesta y tratamiento verdaderamente efectivo» a las víctimas.

Sobre las UVFI, advierte que en el Instituto de Medicina Legal de Castellón se decidió prescindir en junio de 2014 de los servicios de la psicóloga de la unidad o que este mis mes de septiembre se publicó la resolución por la que se creaba el puesto de Jefatura de Sección Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia sobre la Mujer en los Institutos de Medicina Legal de Valencia y Alicante y que, para cubrirlo por comisión de servicios, solo se ha exigido como mérito exigido la antigüedad omitiendo –«no sé si por error», dice– el requisito de formación en materia de violencia de género que tanto la legislación como la sociedad demanda».

«La carencia fundamental en este momento –considera– es conocer el programa de actuación que tienen Justicia y las propias Direcciones de los IML para implantar la actuación médico forense urgente, además del golpe de efecto de la creación de los puestos de jefatura».

Esta especialista también observa «ausencia de coordinación de la atención médico forense y la justicia». Aquí detalla que la actuación del forense se inicia siempre a requerimiento del juez y/o fiscal. «Por mi experiencia, que no significa que sea igual en todos los IML, se reduce a la comunicación vía oficio de la solicitud, en la mayoría de los casos, de un informe médico forense de valoración del daño físico y, en los menos, de daño psíquico».

«Durante las guardias, –prosigue– excepto en València donde hay oportunidad de explorar a la víctima, la valoración del daño físico se realiza habitualmente a la vista de la documentación médico asistencial aportada al expediente judicial. Se pervierte así la posibilidad de una valoración inicial por un médico forense que, atendiendo a criterios de riesgo o complejidad que se estimen oportunos pueda remitir a la víctima a la UVFI para un estudio más amplio».

«SENSIBILIDAD»

En opinión de la profesora de Derecho penal en la Universitat de València y directora del Máster Oficial de Derecho y Violencia de Género, Paz Lloria, falta «coordinación» y «comunicación entre las personas». También incide en la importancia de que haya una «sensibilidad» cuando se escucha a las mujeres que denuncia para que no sean tratadas como «niños que están fabulando». Para ello, ha apostado por que en la valoración de las situaciones de riesgo participaran equipos integrados por psicólogos, criminólogos, jueces y expertos en violencia de género.

Pese a las disfunciones del sistema y la conveniencia de aumentar su transversalidad, la especialista subraya que España es «un espejo» donde mirarse y ha puesto como ejemplo la labor realizada por el Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local.